viernes, 13 de abril de 2012

Castilla-La Mancha cambiará la ley para elevar los escaños en las provincias del PP

 Castilla-La Mancha reformará la ley electoral para dar un escaño más a las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo, que registraron en las urnas los resultados más favorables para la presidenta regional y secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal. La reforma también concederá un nuevo escaño a Ciudad Real, con mayoría socialista.

Esta proposición de ley, presentada ayer por el Grupo Popular en las Cortes de Toledo, plantea un aumento general de la representación, con más diputados autonómicos —que pasarán de 49 a 53—, y configurará un mapa de tres provincias con escaños impares y dos con número par, perjudicando, según el PSOE, a los territorios que le son históricamente más afines: Ciudad Real y Albacete. Si esta reforma hubiese estado vigente en los comicios del pasado 22-M, Cospedal habría ganado con tres escaños de ventaja en lugar de uno.

La modificación de la norma, que se aprobará sin necesidad de apoyo de la oposición ya que los populares cuentan con mayoría absoluta, motivó la reacción de Ferraz por ser la segunda reforma electoral que se pone en marcha en los últimos cinco años. Lo hizo en 2007 el Gobierno de José María Barreda, tras lo que Cospedal presentó un recurso ante el Constitucional que el tribunal finalmente tumbó.


El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, calificó la iniciativa de “vergonzosa y vergonzante”, poniendo en tela de juicio la “credibilidad” que le queda a Cospedal, después de que durante la pasada legislatura, afirmó, asegurara en varias ocasiones “y en su propio discurso de investidura que no se podía cambiar esta ley sin consenso con la oposición”. El vicepresidente segundo de las Cortes y secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, también acusó a la presidenta y número dos del PP de actuar “a traición, sin ningún tipo de diálogo ni consenso con la oposición”.

Los socialistas destacan, además, el momento en que se ha hecho pública esta proposición y lo vinculan a esa victoria que sabe a derrota de Javier Arenas en Andalucía y al fracaso electoral en Asturias. “Tiene miedo a perder las próximas elecciones”, asegura Vaquero. “Está muy nerviosa después de sus recortes brutales y de los Presupuestos de Rajoy”, dijo en referencia a Cospedal.

La presidenta llegó a tachar la reforma impulsada por Barreda de “golpe de Estado”, agregando que el PP no la iba “a consentir”. “A mí eso me parece una falta de democracia y una falta de pensar en los ciudadanos y solo pensar en los intereses del PSOE para ganar unas elecciones, porque no se han referido a los escaños que corresponden a todas las provincias, solo a los de Guadalajara y será por intereses partidistas del PSOE”, denunció entonces en una entrevista radiofónica.

El PP asegura, en cambio, que le gustaría llegar a un acuerdo con los socialistas. Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, destacó que se trata de “una ley que devuelve la capacidad de decisión a los castellanomanchegos con tres provincias impares”, porque así lo establecía el Estatuto de autonomía antes de la modificación de la ley. La nueva reforma restituirá así los equilibrios anteriores a 2007, señalan. “Es una proposición de ley”, insiste Cañizares, que pretende buscar los “consensos perdidos”, antes de añadir que su intención es “que el PSOE se sume tanto a su tramitación como a los contenidos de la misma”.

Cañizares no recordó ayer la durísima oposición de su partido a una modificación de la misma ley, pero el PP regional presentó en 2008 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma electoral que elevaba la representación en las provincias de Guadalajara y Toledo, y aumentó en dos el número de diputados autonómicos. Los populares consideraban que la reforma fue mucho más allá de la representación adecuada de las provincias menos pobladas, discriminando a las provincias mayores sin criterio proporcional. A menos de tres meses de las elecciones del pasado 22 de mayo, el Constitucional tumbó el recurso de Cospedal al rechazar “las operaciones aritméticas aportadas por los recurrentes”, basadas en datos de población posteriores a la presentación de la ley.

El País

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