El Movimiento 15-M ha cantado victoria en los juzgados. El edificio de Nou Barris en Barcelona que fue tomado por los indignados el pasado 15 de octubre podrá
seguir ocupado. Las 10 familias sin recursos que viven allí desde
entonces no tendrán que desalojar la finca. El juez ha decidido archivar
la denuncia de la caja de ahorros propietaria del inmueble, Cajamar, ya
que no cree que las familias hayan cometido un delito de usurpación. La
decisión no es firme. La propiedad puede recurrir el auto o, en
cualquier caso, acudir a la vía civil (más lenta) para expulsar a los
ocupantes.
La decisión ha sorprendido incluso a la defensa de los ocupantes, que
esperaba una solución más expeditiva en la línea de lo que solicitó la
fiscalía: dar un tiempo prudencial a las familias para que abandonen el
edificio de forma voluntaria y, en caso contrario, expulsarlse a la
fuerza. El pasado viernes, ocho de los ocupantes declararon como imputados ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.
Tras
examinar el caso, el juez considera que no existe ninguna
responsabilidad penal y cita las declaraciones de algunos de ellos. Como
Ahmed C., que llevaba varios días viviendo en la calle con su mujer y
sus hijos y que estuvo "dos o tres días haciendo cola" para exponer su
caso. A continuación, la "asamblea" de indignados le asignó uno de los
pisos. Ramon N., por su parte, declaró que acudió a Nou Barris porque lo
vio en televisión y creyó que le podían adjudicar también una vivienda.
Todos ellos accedieron, pues, después del 15 de octubre y asumieron que
se trata de una situación "provisional".
El juez detecta "dos
grupos" de personas. Unos, más organizados, accedieron al edificio tras
la manifestación global del movimiento de los indignados. Pero estos "no
utilizan personalmente los pisos", sino que los "gestionan". Ninguna de
ellas ha sido identificada. El otro grupo son los moradores, que viven
allí por "su situación de carencia absoluta de techo".
Se trata de
una situación nueva, dice el magistrado. Los hechos "presentan unos
contornos particularmente novedosos, respecto de los cuales no es fácil
encontrar antecedentes históricos ni, por lo tanto, jurisprudenciales". Y
hace un repaso al fenómeno de la okupación que, a su entender y
pese a la "heterogeneidad" del movimiento, está relacionada con "el paro
juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda, la especulación
urbanística y las alternativas autogestionarias".
El propietario,
además, no se ha puesto en contacto con los ocupantes, "ni siquiera lo
ha intentado", resalta el juez, para expresarles que se opone a la
ocupación, una de las condiciones para aceptar un desalojo por la vía
penal. Y el edificio, apunta el juez, se encuentra aún en fase de
construcción, ya que se ha ejecutado el 93,78% de las obras. La
promotora Versus no pudo hacer frente a la hipoteca contraida con
Cajamar y dio le dio, en pago, el inmueble.
Fuente: Extraído de El país
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