¿Estamos tontos o qué?

 El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, en un acto con Esperanza Aguirre

La clase política se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, pero no parce que el comportamiento del electorado sea mucho más ético que el de sus representantes. De acuerdo con un estudio de la Fundación Alternativas, 40 de los 69 alcaldes acusados de corrupción que acudieron a los comicios de 2011 fueron reelegidos. Este fenómeno se reproduce al analizar la tasa de reelección de los partidos políticos implicados en tramas corruptas, incluyendo aquellos que cambiaron de candidato. En 63 de los 106 municipios cuyo alcalde se vio envuelto en un escándalo volvió a ganar la misma formación.

El ámbito municipal, ligado a recalificaciones de suelo, adjudicaciones y contratos diversos con escasa fiscalización ha sido uno de los flancos más accesibles para las prácticas corruptas. Por ello, resulta esclarecedor comprobar el grado en que los votantes perdonan o premian a aquellos alcaldes implicados en casos de corrupción. La Fundación Alternativas, en su Informe sobre la democracia en España, ha recopilado una lista de 106 localidades de toda España en las que alcaldes o miembros destacados del gobierno municipal fueron acusados de algún tipo de ilegalidad penal, y en cuya investigación llegó a intervenir un juzgado. 

La mayoría pertenecen a PP o PSOE, aunque también se dan casos en partidos locales, regionales o nacionalistas, como el BNG, PAR, Nueva Canarias o Coalición Canaria. El periodo de análisis comprende entre 2007 y 2011, por lo que también se ha tomado en cuenta tramas de gran alcance como la Gürtel. La conclusión es que la corrupción se castiga electoralmente, pero de forma muy tímida, por lo que la mayoría de candidatos y partidos salpicados vuelven a ganar en las urnas. Además, también se favorecen algunas prácticas corruptas que los ciudadanos valoran como positivas.

La sanción de los votantes se aprecia en una ligera caída del número de reelecciones en aquellos municipios donde se detectó corrupción, en comparación con el resto. En 63 de los 106 municipios donde padecieron escándalos optaron por mantener al mismo partido al mando del ayuntamiento. Es decir, en un 59,4% de los casos, frente al 66,4% del resto de localidades, donde hubo continuidad en 5.566 de un total de 8.386 consistorios.  

Reelección masiva pese al escándalo

Del mismo modo, 40 de los 69 alcaldes implicados en corrupción que se presentaron a las elecciones fueron reelegidos, mientras que otros 37 ediles tocados optaron por no concurrir. En el resto de ayuntamientos, el 56,7% de los regidores se mantuvo en su cargo, 4.755 de 8.386. Unas cifras que recuerdan a las elecciones de 2007, cuando el 70% de los alcaldes marcados por la corrupción volvió a ganar. En porcentaje de votos, el análisis también refleja un tímido castigo, ya que, de media, los partidos envueltos en escándalos entre 2007 y 2011 perdieron cinco puntos con respecto a los municipios donde no se detectó corrupción.

No obstante, las consecuencias de la corrupción son muy heterogéneas, puesto que en algunas localidades, como El Ejido (Almería) o La Muela (Zaragoza), el castigo superó los 30 puntos; mientras que otros alcaldes salpicados lograron incluso aumentar su número de apoyos. Así sucedió, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el PP pasó de obtener un 43,3% a ganar con un 68,5%. La explicación a estas diferencias subyace, entre otras cosas, en el momento en que se dio a conocer la corruptela: curiosamente, si el caso fue desvelado por la prensa antes de 2010, la pérdida de votos llega al 6,7%, pero el efecto se convierte en positivo, si fue revelado en los dos últimos años. 

Premio para los corruptos que reparten

Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos premian a los políticos que se corrompen, si, de alguna manera, perciben que esa ilegalidad favorece al conjunto de la comunidad. Los resultados indican que el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos cuando el caso de corrupción se consideró que podía revertir positivamente en el bienestar económico de los ciudadanos. De esta forma, no solo no se castiga el delito, sino que se premia con votos. En cambio, el electorado rechaza los escándalos en los que el alcalde se enriquece personalmente sin generar potenciales beneficios para el pueblo.

Por todo ello, la corrupción permanece como una de las debilidades más importantes de la democracia española, y en los últimos años ha causado una significativa alarma social la implicación, de una forma u otra, de figuras como Iñaki Urdangarin, Francisco Camps, Jaume Matas, José Blanco, Luis Bárcenas, José Bono, así como la profundidad de tramas como Malaya, Gürtel, Brugal, Mercasevilla o los ERE de Andalucía. Un malestar ciudadano que parecía haberse incrementado con la crisis económica, ya que ha potenciando el contraste entre el mal uso del dinero público y los dolorosos recortes, pero que no ha tenido un gran reflejo en las urnas.

El confidencial