El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, en un acto con Esperanza Aguirre
La clase política se ha convertido en uno de los principales
problemas de los españoles, pero no parce que el comportamiento del
electorado sea mucho más ético que el de sus representantes. De acuerdo
con un estudio de la Fundación Alternativas, 40 de los 69 alcaldes
acusados de corrupción que acudieron a los comicios de 2011 fueron
reelegidos. Este fenómeno se reproduce al analizar la tasa de reelección
de los partidos políticos implicados en tramas corruptas, incluyendo
aquellos que cambiaron de candidato. En 63 de los 106 municipios cuyo
alcalde se vio envuelto en un escándalo volvió a ganar la misma
formación.
El ámbito municipal, ligado a recalificaciones de suelo, adjudicaciones y contratos diversos
con escasa fiscalización ha sido uno de los flancos más accesibles para
las prácticas corruptas. Por ello, resulta esclarecedor comprobar el
grado en que los votantes perdonan o premian a aquellos alcaldes
implicados en casos de corrupción. La Fundación Alternativas, en su Informe sobre la democracia en España,
ha recopilado una lista de 106 localidades de toda España en las que
alcaldes o miembros destacados del gobierno municipal fueron acusados de
algún tipo de ilegalidad penal, y en cuya investigación llegó a
intervenir un juzgado.
La mayoría pertenecen a PP o PSOE, aunque
también se dan casos en partidos locales, regionales o nacionalistas,
como el BNG, PAR, Nueva Canarias o Coalición Canaria. El periodo de
análisis comprende entre 2007 y 2011, por lo que también se ha tomado en
cuenta tramas de gran alcance como la Gürtel. La conclusión es que la corrupción se castiga electoralmente, pero de forma muy tímida, por lo que la mayoría de candidatos y partidos salpicados vuelven a ganar en las urnas. Además, también se favorecen algunas prácticas corruptas que los ciudadanos valoran como positivas.
La
sanción de los votantes se aprecia en una ligera caída del número de
reelecciones en aquellos municipios donde se detectó corrupción, en
comparación con el resto. En 63 de los 106 municipios donde padecieron escándalos optaron por mantener al mismo partido
al mando del ayuntamiento. Es decir, en un 59,4% de los casos, frente
al 66,4% del resto de localidades, donde hubo continuidad en 5.566 de un
total de 8.386 consistorios.
Reelección masiva pese al escándalo
Del mismo modo, 40 de los 69 alcaldes implicados en corrupción que se presentaron a las elecciones fueron reelegidos, mientras que otros 37 ediles tocados
optaron por no concurrir. En el resto de ayuntamientos, el 56,7% de los
regidores se mantuvo en su cargo, 4.755 de 8.386. Unas cifras que
recuerdan a las elecciones de 2007, cuando el 70% de los alcaldes marcados por la corrupción volvió a ganar.
En porcentaje de votos, el análisis también refleja un tímido castigo,
ya que, de media, los partidos envueltos en escándalos entre 2007 y 2011
perdieron cinco puntos con respecto a los municipios donde no se
detectó corrupción.
No obstante, las consecuencias de la
corrupción son muy heterogéneas, puesto que en algunas localidades, como
El Ejido (Almería) o La Muela (Zaragoza), el castigo superó los 30
puntos; mientras que otros alcaldes salpicados lograron incluso aumentar
su número de apoyos. Así sucedió, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz
(Madrid), donde el PP pasó de obtener un 43,3% a ganar con un 68,5%.
La explicación a estas diferencias subyace, entre otras cosas, en el
momento en que se dio a conocer la corruptela: curiosamente, si el caso
fue desvelado por la prensa antes de 2010, la pérdida de votos llega al
6,7%, pero el efecto se convierte en positivo, si fue revelado en los dos últimos años.
Premio para los corruptos que reparten
Asimismo,
cabe destacar que los ciudadanos premian a los políticos que se
corrompen, si, de alguna manera, perciben que esa ilegalidad favorece al
conjunto de la comunidad. Los resultados indican que el voto al partido
del alcalde se incrementó en 4,8 puntos cuando el caso de corrupción se
consideró que podía revertir positivamente en el bienestar económico de los ciudadanos. De esta forma, no solo no se castiga el delito, sino que se premia con votos.
En cambio, el electorado rechaza los escándalos en los que el alcalde
se enriquece personalmente sin generar potenciales beneficios para el
pueblo.
Por todo ello, la corrupción permanece como una de las debilidades más importantes de la democracia española, y en los últimos años ha causado una significativa alarma social la implicación, de una forma u otra, de figuras como Iñaki Urdangarin, Francisco Camps, Jaume Matas, José Blanco, Luis Bárcenas, José Bono, así como la profundidad de tramas como Malaya, Gürtel, Brugal, Mercasevilla
o los ERE de Andalucía. Un malestar ciudadano que parecía haberse
incrementado con la crisis económica, ya que ha potenciando el contraste
entre el mal uso del dinero público y los dolorosos recortes, pero que
no ha tenido un gran reflejo en las urnas.
El confidencial