¿Tenemos una Constitución anti-sistema?

Con motivo del enésimo aniversario de nuestra Constitución (sí, eso que para la mayoría debe ser una ocasión para salir huyendo de la ciudad haciendo puenting), un repasito al capítulo de derechos y deberes de la ciudadanía me trae a la mente la pregunta que encabeza este post: llegados a este momento del devenir histórico y político en el que hemos ido abdicando de tantas y tantas cosas, ¿no constituye nuestra Constitución un subversivo texto anti-sistema? 

 

¡Quién nos lo iba a decir! ¿Tan lejos hemos ido a parar, llevados de la manita del nuevo orden mundial del capitalismo neoliberal? Pero si para muestra vale un botón, que dice el dicho, aquí tenemos todo un clásico, el artículo 47, que versa sobre LA VIVIENDA. Y dice estas cosas hoy increíbles:

         “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

A la luz de este artículo, díganme quiénes actúan legal o ilegalmente: si la gente que acude a impedir un desahucio o los juzgados y antidisturbios que van a ejecutarlo.

Pero es que esta perversión de la constitucionalidad viene de lejos, viene de haber hecho leyes que, lejos de “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, han ido en sentido totalmente contrario, propiciando la especulación del suelo (con la cantinela de que su liberalización iba a propiciar el abaratamiento de la vivienda; la misma cantinela con la que nos vendieron que “liberalizando” las eléctricas tendríamos una rebaja en el recibo de la luz; puro engaño).

Así, durante años y años se ha asentando la base de nuestra economía sobre la inconstitucionalidad, permitiendo los poderes públicos que nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada quedara barrido, al traspasarlo a manos de especuladores del suelo, del crédito, de la financiación. Pero es que esto producía multitud de puestos de trabajo. Sí. Y falsas expectativas. Y multitud de despidos posteriores. Y en ésas estamos.

Pero esto no atañe únicamente a la eliminación del derecho a la vivienda; atañe a todos y cada uno de los derechos que se citan, desde el momento en que los “poderes públicos”, a los que insistentemente remite la Constitución como únicos garantes de los derechos ciudadanos, permiten o promueven la privatización de los mismos: trabajo, educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales… dejan de ser derechos garantizados si quedan en manos de empresas privadas. ¿Cómo va a garantizar un Estado el derecho al trabajo si no participa de forma significativa en la economía productiva del país, si ha renunciado a ello vendiendo las empresas públicas? ¿Cómo van a garantizar los poderes públicos el derecho a la educación, la sanidad, las pensiones, la protección social… si vende escuelas y hospitales, promueve los planes privados de pensiones o pone las prestaciones sociales en el apartado de lo recortable?

En un “estado aconfesional” como proclama la Constitución (art. 16.3) no tendrían lugar tantos privilegios para la iglesia católica, ni las polémicas sobre símbolos religiosos en las aulas, las subvenciones a colegios que ponen su ideología religiosa por delante, las invocaciones a la moral católica para oponerse a las leyes aprobadas en el Parlamento, o la provocación de un presidente de las Cortes Valencianas cuya primera medida al tomar posesión del cargo consistió en  instalar un crucifijo en el despacho oficial.

 ¿Quién nos iba a decir que la defensa de los derechos que instauró la constitución en el siglo pasado acabaría siendo una actividad anti-sistema? Pues así es, desde el momento en que el capitalismo neoliberal, erigido en “nuevo orden mundial”, exige a los “poderes públicos” (chantaje para sacarnos de la crisis que el propio sistema produjo) que renuncien a ser garantía de derechos que tanto costó conquistar, que nunca fueron un regalo.  Llámense recortes, llámense privatizaciones, llámense reformas, llámense medidas de ahorro… su verdadero nombre es PÉRDIDA DE DERECHOS CIUDADANOS.

Tanto mirar a ver si algún “estatut” se saltaba alguna coma constitucional para declararlo nulo… y mientras tanto nos están robando los derechos a toda la ciudadanía con todas las de la ley. Así, como si nada… simplemente dejando a la Constitución en el papel mojado de la celebración de los cumpleaños.

Fuente:asambleas populares de Madrid