El líder del partido polaco Movimiento Palikot se pone una máscara de Anonymous para protestar contra la firma de ACTA / PAWEL SUPERNAK (EFE)
La Unión Europea y 22 de sus estado miembros, entre ellos España, han firmado ayer en Japón el tratado ACTA,
cuya inicial negociación en secreto sublevó a la comunidad de Internet.
Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de
falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del
tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento
Europeo en junio. Organizaciones opuestas al mismo ya preparan
movilizaciones para intentar frenar la ratificación. Holanda, Chipre,
Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no
lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones
de procedimiento. En Polonia ya hace días que se han organizado
movilizaciones contra ACTA.
Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y
PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito,
el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores,
Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros
países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por
parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de
falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por
derechos de autor.
Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado
es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría
suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran
la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los
proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que
supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y
un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los
titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la
Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado
cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el
escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del
citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de
persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se
oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan
expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir
las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance
la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben
respetar la privacidad y la libertad de expresión.
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La
palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión
“entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y
perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la
manera de fijarla.
En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda
negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es
competente para estudiar los tratados internacionales en los que
participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las
negociaciones.
Anteayer, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio Karel de Gucht
ya hizo las primeras declaraciones para calmar los ánimos de la
comunidad de Internet. “ACTA”, aseguró, “no restringe la libertad de
Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que
las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la
propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo.”
Clancy insistió en que no interfiere en la manera en que usamos Internet
en nuestra vida cotidiana. Alguna aclaración sobre lo que no es ACTA
demuestra la manera en que puede ser entendido por otros. “Los
ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o
Twitter como en el pasado”, aseguró.
Según la UE, se trata de un texto distinto a las leyes estadounidenses
SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la
Red. La UE calcula que Europa pierde anualmente ocho mil millones de
euros por el tráfico de material pirateado.
En España, la Asociación de Internautas ha mantenido una postura
totalmente contraria a que prospere ACTA en el Parlamento Europeo.
RedTel , la asociación española de operadores de telecomunicaciones, cuestionó en abril de 2010
el proyecto de tratado, soprendida porque un borrador de acuerdo
comercial no contenga "ninguna mención a crear oportunidades de
comercio". La asociación explicó que si bien esto es "lógico" en el caso
de la piratería de bienes físicos, donde ya existe un mercado legal de
bienes equivalentes, en el caso de la 'piratería digital' el tratado
ACTA refleja el mismo problema que la Disposición Final segunda del
Proyecto de Ley de Economía Sostenible en España, que "sólo se ocupa de
medidas penalizadoras", olvidando que el problema es la débil oferta
legal de contenidos.
Ayer, el Parlamento Europeo sufrió un ataque informático.
Anonymous había convocado asaltos digitales contra la UE, pero había
excluído como objetivo al Parlamento.
Extraído de El País
