Las 10 compañías que controlan básicamente todo lo que consumes

Te presentamos las 10 grandes corporaciones que controlan prácticamente todo el mercado de alimentos, cosméticos, y demás productos que consumimos cotidianamente. 

(clic en la imagen para verla con mayor detalle)

Vivimos en una época en la que se nos invita a definir nuestra identidad a partir de los productos que elegimos consumir. Lo que ridiculamente nos venden como un ejercicio existencial de libre albedrío, dentro del cual tenemos la radiante autonomía para decidir si vamos a lavar nuestro cabello con un producto de L’Oreal o con uno de Pantene, si vamos a comenzar nuestro día alimentándonos con unas hojuelas azucaradas de Nestle o con un Corn Pops de Kelloggs, o incluso para elegir si celebraremos nuestra decadencia gastronómica asistiendo al KFC o al Pizza Hut, lo cierto es que esta virtual libertad está acotada a la colosal gama de productos que derraman en el mercado solo diez grandes compañías. 

De acuerdo a lo anterior hay dos fenómenos particularmente significativos en la construcción de la sociedad contemporánea. Por un lado el hecho de que el mercado, o mejor dicho la mercadotecnia, ha logrado penetrar el grado más íntimo de nuestra existencia, la auto-percepción. El que la mayoría de personas, ya sea consciente o inconscientemente, asuma como principal diferenciador el grupo de objetos de los cuales se rodea, y en consecuencia de las marcas que respaldan a estos productos, nos indica que al momento de concebirnos, de percibir nuestra propia identidad, dificilmente desasociamos nuestra escénica de nuestros hábitos de consumo. El siguiente fenómeno se refiere a esta libertad simulada que nos sugieren las grandes corporaciones, un escenario repleto de logos, paletas de colores, slogans, y construcciones colectivas en torno a las marcas. Y si lo analizamos objetivamente, no solo no estamos gozando de una libertad –pues el margen de una identidad social más allá de lo que consumimos es mínimo– sino que ni siquiera es que exista una diversidad real, pues aquellas pequeñas marcas que pretendían ofrecer ‘algo diferente’, fueron ya absorbidas por los grandes conglomerados comerciales.

Este infográfico que ilustra esta nota, y el cual se puede consultar en un formato mucho mayor dentro de este enlace o dando clic sobre la imagen, nos sugiere que Coca Cola, Pepsico, Kelloggs, Nestle, Johnson & Johnson, P&G, Mars, Unilever y General Mills, poseen decenas de marcas que impregnan la cotidianidad de millones de personas alrededor del mundo. 

Curiosamente este mismo fenómeno, el acaparamiento de prácticamente todas las ‘opciones’ dentro del mercado por parte de monumentales corporaciones, se replica en otros rubros, por ejemplo el de los medios de comunicación, o en el caso de los bancos, un sector que en los últimos treinta años ha visto reducirse en un 30% las empresas que los controlan tras múltiples fusiones en las que las mayores entidades corporativas terminan por absorber a los más pequeños.

Espero que tras analizar este infográfico la próxima ocasión que vayas al supermercado no te rindas ante el espectacular despliegue de marcas y productos que buscan consagrarte como un ser pseudolibre. Pero que sobre todo recuerdes que tu identidad no está definida por las bifurcaciones virtuales que protagonizan Mac-Microsoft, CocaCola-Pepsi, o Colgate-Crest, sino que esta va configurándose por la manera en que recibes, procesas y compartes información que resulta de tus experiencias personales.

Twitter del autor: @paradoxeparadis / Lucio Montlune 

Una opinión sobre la acción del SAT

El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.

 

Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17’1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo 2 millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año –con un total de 67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.

 

A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: “pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan“.
 

Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo “se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser”. No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis –porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.

Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.

No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también –y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.

Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico. 

Alberto Garzón

La ONU censura los recortes de Rajoy por su «desproporcionado» castigo a los más desfavorecidos

Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo, critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en sanidad, educación, planes de empleo y pensiones. 

 

El estudio, que es anterior al último paquete de recortes (reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo, amén de la subida del IVA)es muy pesimista. La inquietud de la ONU ya no se centra -como antaño- en inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, sino en buena parte de la población general.

 

El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que -asegura- castigan en demasía a los grupos desfavorecidos y a los marginados, entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.

 

La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual contexto de crisis hace todavía más preocupante «el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración». El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga duración.

 

Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. El análisis señala tajante que el salario mínimo interprofesional (SMI), que recuerda que lleva congelado desde el año 2011, ahora tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». Y lo mismo con las pensiones: «el comité constata con preocupación que las pensiones son, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza». El documento denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres que reciben las pensiones de viudedad más bajas».

 

Pobreza

 

Según la ONU, los recortes y la intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral. Un capítulo en el que destaca su especial inquietud por los niños.

Una situación que se hace aún más delicada porque, añade, «las prestaciones económicas a las familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento». 

 

Naciones Unidas denuncia igualmente «la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración». La crisis ha ocasionado que «muchos hayan sido desalojados de sus viviendas» y que otros estén en «alto riesgo de perderla». 

 

El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le solicitó que le diera «amplia difusión a las observaciones en todos los niveles de la sociedad».

Marinaleda: pueblo español inmune a la crisis

La situación española continúa agravándose a tal grado que los expertos en economía temen que pueda hacer tambalear la zona euro. Un pequeño pueblo andaluz, sin embargo, se enfrenta valerosamente a la crisis.

Con apenas 2700 habitantes, el pueblo de Marinaleda parece ser inmune a los gigantescos problemas que agobian a las demás localidades españolas. Desde 1979, Marinaleda es gobernada por el carismático Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien otrora tuviera el honor de haber sido el alcalde más joven del país, y en los pasados años ha sido reelegido siempre con gran mayoría de votos.

El pueblo no tiene policía, los costos de propiedad de una vivienda suman quince euros al mes, por los servicios de una guardería se paga doce, y por los de un gimnasio sólo dos.

Cooperativa

El territorio que ocupa la localidad, con una superficie total de 1200 hectáreas, era inicialmente propiedad de un duque, uno de los principales terratenientes de España, pero ahora pertenece a una cooperativa de cuyo funcionamiento son responsables todos los habitantes.
Al contrario de muchísimos municipios españoles que dependen de apoyo para sobrevivir la actual crisis, Marinaleda, cuya principal fuente de ingresos es la agricultura, tiene su presupuesto en orden y una bajísima cifra de desempleo (3 por ciento), es decir, una décima parte del promedio de la región.

Vinaroz toma su ayuntamiento durante el pleno municipal

Un aviso de lo que nuestra ciudad hermanada le ha dado a sus gobernantes:

El pleno ordinario en el Ayuntamiento de la localidad castellonense de Vinaròs ha tenido que ser suspendido con carácter urgente tras la multitudinaria manifestación que acabaría asaltando por sorpresa el consistorio a las nueve de la noche de este jueves 26 de julio.

Frente al creciente descontrol de la situación ante la gran afluencia de vecinos, el alcalde, el popular Juan Bautista Juan, se ha visto obligado a convocar a la Junta de Portavoces y cancelar por primera vez y de manera extraordinaria el pleno municipal. Un hecho sin precedentes en democracia.

En un clima de tensión desmedida, los concejales han tenido que ser protegidos y salir escoltados por la Guardia Civil, que ha activado un dispositivo especial ante las protestas generalizadas.

Vinaròs, en la comarca del Baix Maestrat, es una de las localidades más afectadas por el paro y la creciente desafección social. El pueblo ha dicho basta. ¿Será la mecha que muchos esperaban?

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